Alfonso Carlos Espá y Garcés-Alvear, conocido públicamente como Carlos Espá, asumió el Ministerio de Relaciones Exteriores el 28 de julio de 2026. Junto con su asunción, hemos visto un viraje en la política exterior peruana, normalmente asociada con un multilateralismo unipolar. El punto de quiebre fue la votación del 17 de septiembre de 2026, relativa a la participación del presidente palestino, Mahmud Abás, en la Asamblea General de las Naciones Unidas —mediante participación remota, ante la imposibilidad de acudir a Nueva York después de que Estados Unidos negara el acceso correspondiente—. La medida fue aprobada por 152 votos a favor, tres en contra —Estados Unidos, Israel y Paraguay— y cuatro abstenciones —Perú, Colombia, Honduras y Panamá—.

La tesis de este artículo es que, incluso desde criterios estrictamente realistas, la abstención resulta difícil de justificar. Para un Estado de capacidades medias como el Perú, la previsibilidad, el derecho internacional, la diversificación de relaciones y la credibilidad multilateral son recursos de poder, no simples compromisos idealistas. Sacrificarlos por una señal de alineamiento cuyo retorno material es incierto constituye una estrategia de bandwagoning de bajo rendimiento.

La política exterior debe juzgarse fundamentalmente por el interés nacional concebido en términos de poder, antes que por preferencias morales abstractas. Kenneth Waltz desplaza la explicación desde la naturaleza de los dirigentes hacia la estructura anárquica del sistema internacional: al no existir una autoridad superior capaz de garantizar permanentemente su seguridad, los Estados deben proteger su supervivencia y su autonomía dentro de una distribución desigual de capacidades. Ese punto es especialmente relevante para el Perú. El realismo no significa automáticamente «seguir a la gran potencia».

Stephen Walt distingue entre balanceo y bandwagoning: frente a una potencia o amenaza dominante, los Estados pueden equilibrarla mediante otras asociaciones o alinearse con ella; la amenaza, además, depende no solo del poder agregado, sino también de proximidad, capacidad ofensiva e intenciones. Para un Estado que no puede competir militarmente con grandes potencias, conservar múltiples socios reduce vulnerabilidades.

En ese contexto, abstenerse podía servir como señal de afinidad política de bajo costo inmediato hacia Washington. Pero ahí aparece el problema realista fundamental: no existe evidencia pública de que Estados Unidos condicionara cooperación comercial, inteligencia o seguridad a este voto, ni de que la abstención produjera concesión alguna. Confundir «complacer a la potencia» con «maximizar el interés nacional» es precisamente el error que una lectura sofisticada del realismo debería evitar. El costo reputacional, en cambio, es observable. Cinco antiguos responsables de la política exterior —Diego García-Sayán, Manuel Rodríguez Cuadros, Eda Rivas, César Landa y José Antonio Meier— sostuvieron que la abstención se apartaba de la continuidad diplomática peruana desde 1947 y pidieron que el Gobierno explicara sus razones. Recordaron expresamente el reconocimiento del Estado de Palestina por el Perú en 2011 y el copatrocinio de la resolución 67/19 (2012), que otorgó a Palestina el estatus de Estado observador no miembro.

La relevancia estratégica de esa crítica no depende de compartir su orientación política: la previsibilidad disminuye los costos de transacción diplomática, mientras que cambios inexplicados hacen más difícil que terceros anticipen las posiciones peruanas. Además, el carácter del voto inclina aún más balance costo-beneficio. No se sometió a decisión la delimitación fronteriza de Israel, la legitimidad de Hamás, las sanciones contra Israel ni el ingreso automático de Palestina como miembro pleno. Se trató del acceso de la dirigencia palestina al foro multilateral. La magnitud de la mayoría —152 votos favorables— disminuía prácticamente a cero la capacidad peruana de alterar el resultado; la abstención, por tanto, produjo principalmente señalización política, no influencia sobre el desenlace.

En cuanto a la relación con Estados Unidos, el Perú tiene razones objetivas para fortalecer la cooperación comercial, tecnológica, antidrogas y contra el crimen organizado. El volumen bilateral de comercio y el Acuerdo de Promoción Comercial (TLC) Perú-Estados Unidos justifican una relación cercana. Pero precisamente porque la relación es estructural, no debería ser necesario demostrarla mediante votos simbólicos que Washington no se ha interesado en vincular a esos beneficios. Negociar aranceles, cooperación policial o inteligencia debe hacerse directamente y sobre bases recíprocas. Por el contrario, hasta la fecha, Estados Unidos incluyó al Perú dentro de los países a los que aplicó su agresiva política comercial: un arancel del 50 % al cobre y un arancel general del 12,5 % a la importación, sin contar el financiamiento estadounidense a Chile para la realización del «megaproyecto» del puerto de San Antonio. Con todo esto, ¿realmente ameritaba la subordinación gratuita?