Las lamentables noticias del terremoto en Venezuela y Colombia recorrieron rápidamente los noticieros y las redes sociales de los peruanos. Como suele ocurrir después de cada tragedia en otro país, estos acontecimientos reavivan en el Perú la preocupación sobre nuestro nivel de preparación para enfrentar una catástrofe similar. No obstante, la inquietud suele desvanecerse con la misma rapidez con la que aparece.

La reacción es comprensible. Existe una especie de hipocondría colectiva que se activa cuando observamos el sufrimiento ajeno. De pronto, revisamos si tenemos una mochila de emergencia, recordamos que vivimos sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico o nos preguntamos qué haríamos si un terremoto nos sorprendiera en el trabajo o en casa. Nos imaginamos miles de escenarios. No creo que esa preocupación sea negativa. Por el contrario, es un instinto de supervivencia que nos impulsa a prepararnos mejor.

El problema surge cuando solo a raíz de un desastre en otro país volvemos a tomar conciencia de la importancia de estar preparados ante una situación similar. La preparación no debería depender del ciclo de noticias. Debería ser una política permanente del Estado y una práctica habitual de los ciudadanos.

Y razones para preocuparnos existen. A propósito del sismo ocurrido en Venezuela, el presidente del Instituto Geofísico del Perú recordó que los movimientos registrados presentan características similares a las observadas durante el terremoto de Pisco de 2007.  El objetivo no es generar temor ni anticipar una catástrofe, sino reconocer una realidad geológica que exige preparación. La posibilidad de un gran terremoto constituye un escenario que el Estado debe afrontar con la seriedad y previsión necesarias.

Los terremotos no son la única amenaza. El Perú enfrenta otro adversario que nos amenaza de forma recurrente y que conocemos demasiado bien: el fenómeno El Niño. Las lluvias intensas, los huaicos, las inundaciones y el colapso de carreteras han dejado, durante décadas, pérdidas humanas y económicas enormes. Lo preocupante es que, a diferencia de un sismo, El Niño suele anunciarse con meses de anticipación. Existen modelos climáticos, monitoreo permanente y pronósticos cada vez más precisos. Sabemos que puede ocurrir, conocemos cuáles son las regiones más vulnerables y es posible identificar qué infraestructuras podrían verse afectadas. Sin embargo, año tras año observamos las mismas escenas de ríos sin limpiar ni encauzar, quebradas ocupadas informalmente, sistemas de drenaje insuficientes y poblaciones enteras que terminan aisladas. Ello demuestra que el problema trasciende la disponibilidad de información y responde, muchas veces, a una insuficiente cultura de prevención.

Allí radica una de las responsabilidades más importantes de cualquier gobierno. Gobernar no consiste únicamente en responder con eficiencia cuando ocurre una emergencia. Esa es apenas una parte del trabajo. La verdadera tarea consiste en reducir, antes de que llegue el desastre, la cantidad de personas que terminarán afectadas por él. Invertir en prevención constituye una obligación elemental de cualquier Estado que aspire a proteger la vida de sus ciudadanos, antes que un lujo o un gasto prescindible.

Lamentablemente, la proactividad ha estado lejos de ser una característica constante de las autoridades peruanas. Nuestra gestión pública suele responder a una lógica profundamente reactiva, en la que los recursos aparecen recién después del desastre. Las mesas de trabajo se instalan cuando las familias ya han perdido sus viviendas. Las promesas de reconstrucción llegan cuando los damnificados ya duermen en carpas. Incluso las investigaciones para encontrar responsables comienzan únicamente después de que el daño resulta irreversible.

Parte del problema responde también a los incentivos políticos. La prevención rara vez genera reconocimiento inmediato. Un río limpio y encauzado no inaugura campañas. Un puente reforzado no llena plazas. Una inspección técnica que evita un colapso jamás abrirá un noticiero. Cuando la prevención funciona, muchos creen que nunca hizo falta. Su mayor éxito consiste, precisamente, en evitar que suframos las consecuencias.

Por eso, uno de los grandes retos de este gobierno debe ser consolidar una verdadera cultura de prevención. Reaccionar mejor que antes resulta insuficiente; el verdadero desafío está en anticiparse. Ello exige planificación, continuidad presupuestal, coordinación entre los distintos niveles de gobierno y la capacidad de ejecutar obras cuya utilidad quizá pase desapercibida en el corto plazo, pero cuyos resultados pueden medirse en vidas salvadas.

Sin perjuicio de ello, tampoco sería justo trasladar toda la responsabilidad al Estado. Nosotros, como ciudadanos, también tenemos obligaciones.

La primera consiste en pensar, con anticipación, cómo reaccionaríamos frente a una emergencia: definir rutas de evacuación, acordar un punto de encuentro con nuestros familiares, establecer mecanismos de comunicación si las redes colapsan y conocer las zonas seguras de nuestra vivienda o centro de trabajo. Es evidente que, llegado el momento, el miedo puede alterar nuestras decisiones y que ninguna emergencia ocurre exactamente como la imaginamos. Pero llegar mentalmente preparado siempre será mejor que improvisar cuando cada segundo cuenta.

También podemos mantener una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecibles, medicamentos esenciales, linterna, radio portátil, baterías y copias de documentos importantes. Son medidas sencillas, de bajo costo, que pueden marcar una diferencia enorme durante las primeras horas posteriores a un desastre.

Finalmente, debemos dejar de ver los simulacros como una pérdida de tiempo. Ningún deportista espera el día de la competencia para entrenar. Ningún piloto aprende a manejar un avión durante una emergencia. Ensayar nuestras respuestas antes de necesitarlas es, probablemente, una de las formas más simples y eficaces de reducir el riesgo.

Las catástrofes naturales seguirán formando parte de nuestra realidad. Un terremoto o la llegada de un nuevo fenómeno de El Niño escapan de nuestro control, pero reducir sus efectos está en nuestras manos. Para ello, necesitamos un gobierno que planifique, autoridades proactivas y ciudadanos que comprendan que la prevención también es una responsabilidad individual. El ruido del río, lejos de anunciar un desenlace inevitable, representa una oportunidad para prepararnos. Escucharlo siempre será menos costoso que ignorarlo.