Ninguna democracia es perfecta. Todas cuentan con por lo menos un bufón antidemocrático. El problema, específicamente en la política peruana actual, aparece cuando sectores que se jactan de defender la democracia y la institucionalidad empiezan a tratar esos radicalismos como alianzas aceptables. O incluso cuando votantes que se encuentran en una posición privilegiada para informarse terminan ponderando su resentimiento personal por encima de la estabilidad democrática al optar por alternativas extremistas.

Eso es lo preocupante de la cercanía política de Roberto Sánchez con Antauro Humala. No se trata solo de un nombre. Se trata de lo que representan y de cómo el sistema político peruano está perdiendo la capacidad de marcar límites claros.

Existen al menos dos razones evidentes por las cuales cualquier alianza política con él debería generar rechazo en todo ciudadano comprometido con la democracia y la institucionalidad. La primera es su historial violento y antidemocrático. Antauro Humala lideró el «Andahuaylazo» en 2005, una asonada armada contra el Estado peruano que terminó con la muerte de policías. No fue una protesta política convencional ni un exceso verbal: fue una insurrección armada. Fue condenado por homicidio, secuestro y rebelión. En cualquier democracia seria, alguien que intentó alcanzar el poder mediante la violencia debería quedar políticamente desacreditado de manera permanente.

Sin embargo, en el Perú ocurrió lo contrario. Con el tiempo, parte del sistema político y mediático comenzó a tratarlo como un actor más del debate público. Se relativizó la gravedad de sus actos bajo la idea de que «representa a un sector» o «conecta con el pueblo». El problema de normalizar el radicalismo es precisamente ese: la legitimación política hace el trabajo silencioso de borrar los límites, y el olvido colectivo llega después, casi sin que nadie lo note.

La segunda razón es su discurso profundamente autoritario y divisionista. Antauro Humala no ha construido una propuesta democrática de reforma del país; ha construido un discurso basado en confrontación étnica, militarismo y desprecio hacia instituciones fundamentales. Ha reivindicado ideas incompatibles con una democracia liberal moderna, incluyendo planteamientos abiertamente violentos y excluyentes. El riesgo no es solo Antauro como individuo, sino el mensaje político que se transmite cuando actores tradicionales consideran viable asociarse con él: que ese tipo de discurso es una opción legítima dentro del juego democrático.

El problema no termina en los dirigentes políticos. También alcanza a un sector del electorado que, aún teniendo acceso a información suficiente para comprender lo que representa Antauro Humala, decide minimizarlo o relativizarlo. No se trata de un simple descontento ciudadano: se trata de votantes que conocen el historial, entienden lo que está en juego y aún así deciden que su frustración con el sistema pesa más. Cuando eso ocurre, el electorado deja de ser víctima del extremismo y empieza a ser cómplice.

Aquí no se está hablando de errores políticos menores ni de diferencias ideológicas razonables dentro de una democracia. Se está hablando de un personaje que lideró una insurrección armada contra el Estado que terminó con policías asesinados en cumplimiento de sus funciones. No fue una simple protesta ni un acto simbólico de rebeldía política: fue un levantamiento violento que costó vidas humanas. Ignorar todo ello únicamente porque se comparte su frustración con la clase política o porque se considera útil «castigar al sistema» no es una postura neutral: es una elección activa a favor de la normalización del extremismo.

Conviene señalar, aunque sea al margen, el caso de José Domingo Pérez —exfiscal y nuevo integrante del equipo de Roberto Sánchez. Más allá de las simpatías o antipatías que pueda generar su trabajo como fiscal, resulta difícil ignorar la tensión entre el discurso institucional que representó durante años y la cercanía política con sectores vinculados al radicalismo antidemocrático. Y esa contradicción no es menor: evidencia cómo el cálculo político empieza a imponerse sobre principios que antes parecían innegociables.

La aproximación a estos sectores no responde a coincidencias doctrinarias serias ni a un proyecto democrático coherente. Responde, más bien, a la intención de capturar a un electorado dispuesto a relativizar cualquier contradicción con tal de «castigar» al adversario que más rechaza.

El problema es que, cuando personajes asociados con la defensa del Estado de derecho empiezan a convivir políticamente con discursos radicales, el mensaje implícito es peligroso: que los límites democráticos pueden volverse negociables si el objetivo político lo justifica.

Las democracias rara vez mueren de golpe. Se erosionan lentamente, cuando la violencia empieza a relativizarse, cuando el autoritarismo comienza a parecer tolerable y cuando la indignación personal pesa más que los principios que sostienen una democrática convivencia.

El problema nunca es únicamente el radical que grita más fuerte. El verdadero problema aparece cuando la sociedad deja de escandalizarse frente a él. Cuando políticos lo legitiman, cuando figuras institucionales lo normalizan y cuando ciudadanos informados deciden mirar hacia otro lado porque creen que, esta vez, el extremismo puede servirles políticamente.

Como advirtió Edmund Burke: «Lo único necesario para que triunfe el mal es que los hombres buenos no hagan nada». El mayor peligro no está en la existencia de personajes antidemocráticos —que siempre existirán—, sino en la pérdida colectiva de la capacidad para reconocerlos como tales.

Imagen de portada: Detalles de la licencia Autor: Paulo Slachevsky Copyright: Paulo Slachevsky (CC BY-NC-SA)