Acaso el año próximo, cuando nuestro partido logre volver al gobierno, muchos de los defectos de nuestra democracia realmente existente podrán ser corregidos, y siempre por la aplicación del mismo remedio: más democracia.

Gustavo Bueno

Las ideas y las acciones reales de un sistema político son como un caminante que apunta hacia un árbol lejano: aunque su trayectoria no sea recta y se curve (p. ej., que una democracia se «desvíe»), el rumbo solo tiene sentido porque había un objetivo fijado. De igual manera, aunque las acciones históricas de las democracias realmente existentes no pueden entenderse sin las ideas que las orientan, estas ideas tampoco tienen valor si no se concretan en prácticas. Una imagen análoga puede encontrarse en la cinta de Möbius: como su anverso y reverso, ideas y acciones son distinguibles analíticamente, pero inseparables en su estructura efectiva. No hay un «interior ideal» puro por un lado ni un «exterior práctico» por otro; ambos aspectos se implican mutuamente en un mismo proceso histórico-político. Para lo que nos concierne, la idea fundamentalista de democracia interpretará, en general, la distancia entre la idea política pura y la realidad política empírica —concebida como un déficit—, que habrá que cargar en la cuenta de la realidad empírica.

Dejando de lado el fundamento epistémico, ¿hemos dejado de ser una democracia? Desde una óptica minimalista, la democracia existe desde el momento en que hay elecciones competitivas (no necesariamente justas, pues no todos parten del mismo lugar) que garanticen una transición del poder, siendo una modulación histórica del Estado moderno basada en el sufragio, con estructuras, élites, partidos, burocracias, etc. Esta definición permite desechar acepciones teológicas como el «gobierno de todos» o «del pueblo» (que les otorgarían, por consiguiente, un estatus de superioridad moral al presentarse como encarnación misma de la representatividad y la «voluntad de los pueblos») y concepciones metafísicas como la «separación de poderes». Pues, aun si se la aceptara como un mínimo común normativo —dejando de lado que los átomos de todo sistema político interactúan en permanente tensión, según correlaciones de fuerza reales—, aquella no constituye una esencia inmanente de toda democracia, sino que es un dispositivo técnico del Estado de derecho moderno. No nació directamente para serlo (Montesquieu defendía la monarquía, aunque en su obra puede encontrarse un antecedente de la república democrática), sino que —como veremos más adelante— se trata de una característica institucional particularmente asociada al presidencialismo.

Partamos del hecho de que estamos lejos de ser un autoritarismo (a diferencia de lo que dijo Will Freeman en «You Can Kill a Democracy Without a Dictator») y, aunque el poder puede haber sido capturado por una red de «poderes paralelos» —mafias, políticos corruptos, redes ilegales— que operan con la complicidad del Estado y que, en conjunto, estarían vaciando de contenido las instituciones democráticas, apelar a un autoritarismo sería confundir las causas con los síntomas. Lo que realmente ocurre en el Perú es la disolución del poder sin reemplazo. Lo que Freeman interpreta como un autoritarismo invisible es, en realidad, la fase más avanzada de una democracia defectuosa, una forma de régimen que no colapsa porque su fragmentación impide cualquier hegemonía. En la última década, el Perú atravesó una cadena de crisis políticas —destituciones presidenciales, enfrentamientos entre poderes, parálisis legislativa, pérdida de legitimidad— que no derivaron en el cierre del sistema y su reemplazo, sino en su reorganización. Las reglas fueron prostituidas y cada crisis derrumbó parte del edificio institucional, pero, al mismo tiempo, permitió que el régimen siguiera de pie, adaptándose a su propia descomposición.

Citando a Santiago Carranza: «El Perú no transita de la democracia al autoritarismo, sino que permanece atrapado en un tipo de democracia que combina, de manera simultánea, déficits de representación, de gobernabilidad, de Estado de derecho y de legitimidad. Cada uno de esos déficits alimenta a los otros. Los partidos carecen de identidad y estructura; el Congreso y el Ejecutivo se neutralizan mutuamente; la justicia se politiza; la política se judicializa; las protestas se reprimen; la ciudadanía dejó hace mucho tiempo de confiar. Pero, a su vez, el sistema se mantiene […] porque ninguno de sus actores tiene fuerza suficiente para derribarlo». En medio de la descomposición del sistema político, tenemos agentes que aprovechan dicho colapso para beneficio personal, royendo el Ejecutivo y el Legislativo en representación de la informalidad y la ilegalidad, más que en un proyecto absolutista de alguna ideología determinada. Poseemos átomos racionales libres que administran territorios, rentas y favores, mientras el poder central se consume en luchas internas, auto consumiéndose.

Lo que realmente ha ocurrido es una parlamentarización de la democracia peruana: tal como menciona Klaus von Beyme, mientras el presidencialismo democrático mantiene dentro de sus características la separación de poderes, el parlamentarismo democrático es el «entrelazamiento de poderes», donde el gobierno no es más que una «comisión parlamentaria ejecutiva» pues la judicatura en altas instancias también surge del parlamento, etc. Estamos pasando del hiperpresidencialismo (que fue la gran reforma del Estado de la constitución de 1993), con un presidente capaz de convocar referéndums, disolver el congreso por motivos políticos y emitir decretos frente a un congreso que ha aumentado su poder por sus reformas constitucionales, imponiéndose por sobre la presidencia y concentrando las decisiones, sin embargo, esto es exactamente lo que ocurre en sistemas democráticos parlamentarios, como Alemania o Reino Unido. En el plano estrictamente procedimental-formal, cabe añadir —sin que ello agote la explicación— que parte de la literatura comparada ha discutido si la fragmentación partidista puede favorecer dinámicas de parlamentarización, incluso en regímenes formalmente presidenciales. Autores como Scott Mainwaring, en sus estudios sobre presidencialismo y multipartidismo en América Latina (especialmente a propósito del caso brasileño en los años noventa), analizaron cómo la alta fragmentación obliga a construir mayorías legislativas estables mediante coaliciones, generando una suerte de «presidencialismo de coalición» que, en la práctica, introduce lógicas más próximas al parlamentarismo en la relación entre poderes. Desde ese ángulo, podría examinarse si la actual fragmentación del sistema de partidos peruano no solo es un síntoma de debilidad institucional, sino también un factor que reconfigura el equilibrio interorgánico.

Retomando el debate sobre la situación democrática del Perú, otro argumento que suele esgrimirse sostiene que hemos dejado de ser una democracia porque el Congreso actúa de espaldas a la opinión pública y legisla prioritariamente en función de intereses propios o corporativos. Aun concediendo que esta crítica pueda tener fundamento empírico —y que, personalmente, considero que lo tiene—, de ello no se sigue que el régimen político peruano deba ser caracterizado como autoritario. En realidad, la cuestión remite a un problema clásico de teoría de la representación política: el debate entre el modelo del representante como delegado —obligado a reproducir la voluntad inmediata de sus electores (como defendía Rousseau)— y el modelo del representante como fiduciario —dotado de autonomía deliberativa en virtud de la confianza depositada en él—, discusión formulada de manera paradigmática por Edmund Burke en su célebre discurso a los electores de Bristol. Se trata, por tanto, de una controversia interna a la teoría democrática, un debate ético sobre el «buen representante», no de una objeción externa que invalide sin más el carácter democrático del sistema. Como menciona Gustavo Bueno, el Parlamento es un órgano del Estado, no un mero espejo sociológico de la opinión pública, las democracias empíricas son siempre sistemas de poder complejos, atravesados por intereses corporativos y partidistas.

Lamentablemente, la sacralización de la democracia ha penetrado de tal modo en la psique colectiva que se asume, casi de manera automática, que calificar al Perú como democracia equivale a afirmar que el sistema funciona adecuadamente y, a la inversa, sostener que no lo es se interpreta como prueba de deficiencia. Este es el paradigma dominante, que ha consistido precisamente en absolutizar una determinada idea de democracia, llevándola a un horizonte normativo indiscutible. Es una concepción metafísica de la democracia como valor absoluto, que ignora que esta no es una esencia intemporal ni una forma política universal válida en cualquier contexto. Este último punto no es innovador; se tiene constancia de ello desde Aristóteles, cuando señalaba que «hay […] causas de que las democracias sean varias […]: que los pueblos son distintos […]; la democracia no solo resulta diferente porque se haga mejor o peor, sino porque deja de ser la misma». La forma democrática de una sociedad política está siempre vinculada a materias sociales (antrópicas) dentro de una gran diversidad, y esta diversidad material tiene mucho que ver con la variabilidad de la propia forma democrática (en su sentido genérico).

Según el «Inglehart–Welzel Cultural Map» —elaborado en el marco de la World Values Survey—, que representa valores culturales en dos dimensiones predominantes (valores tradicionales vs. seculares-racionales y valores de supervivencia vs. autoexpresión), la composición sociológica peruana tendría mayor cercanía con países islámicos seculares que con un país como Uruguay, el cual presenta una tasa de irreligión cercana al 50 % y figura más próximo sociológicamente a los países de Europa Occidental. Asimismo, diversas encuestas muestran que menos de la mitad de los ciudadanos considera a la democracia preferible a cualquier otro sistema de gobierno. El Perú es, junto con Bolivia, uno de los países del continente con mayor rechazo al concepto churchilliano —esto es, la idea asociada a Winston Churchill de que la democracia, aun con defectos, es el mejor sistema de gobierno—; presenta uno de los niveles más bajos de satisfacción con la democracia (en torno al 10 %) y uno de los mayores niveles de tolerancia hacia un golpe de Estado en casos de corrupción.

El período de mayor satisfacción con la democracia —irónicamente— se registró durante el régimen autoritario de Alberto Fujimori, concretamente en 1995; mientras que el nivel más alto de respaldo normativo a la democracia, hacia 2018, apenas alcanzaba el 43 %, sin mostrar variaciones significativas en los años siguientes. Ahora bien, conviene añadir que estas encuestas suelen presentar un sesgo urbano, en la medida en que se concentran en sectores más «occidentalizados» —principalmente por efecto del proceso de globalización—. Si se observa el interior del país, el rechazo al modelo democrático en zonas rurales alcanza el 42 %, así como en las regiones sur, centro y oriente, mostrando un contraste con la tendencia nacional, que se sitúa en torno al 26 %.

Queda en evidencia que apelar a una causalidad meramente contingente —como la crisis política actual— es insuficiente para explicar el escepticismo (o incluso el rechazo) hacia la democracia en el Perú. Ello abre espacio a hipótesis de carácter sociológico-culturales (tal como señaló Bernardo Monteagudo desde Quito en 1822) e históricas, entre ellas la persistencia de una larga tradición política autoritaria, que puede rastrearse desde las culturas prehispánicas, el virreinato y lo que Jorge Basadre denominó el «experimento peruano», expresión con la que suele aludirse a los regímenes iliberales de la República.

Nuestros problemas no provienen de la ausencia de democracia, sino de la forma concreta en que ésta opera. Si convertimos la democracia en un dogma fundamentalista, clausuramos toda posibilidad de reforma estructural. Por ello, más que denunciar una supuesta deriva autoritaria inexistente, lo que resulta urgente es abrir el debate sobre los límites y alcances del modelo vigente, evitando cualquier anatema ideológico en el ámbito académico que impida ver otras formas de organización política (ejm: epistocracia, taxocracia, corporativismo) o las relegue a lo marginal.

Por Fabricio Saavedra