Las recientes sentencias contra Pedro Castillo y Martín Vizcarra han vuelto a poner al Perú frente a una paradoja que ya parece parte de nuestra identidad política: somos un país donde los líderes que enfrentan graves acusaciones, y hasta condenas, suelen conservar niveles significativos de apoyo ciudadano. Y, aunque resulte incómodo admitirlo, esa anomalía dice tanto de ellos como de nosotros.

El caso de Pedro Castillo es el ejemplo más evidente. Su intento de autogolpe del 7 de diciembre del 2022 no fue un acto improvisado ni producto del desconcierto. Fue un quiebre abierto del orden constitucional, una maniobra que buscaba desarticular por completo el sistema republicano. La reciente condena de 11 años y 5 meses confirma la gravedad de ese episodio. Pese a ello, todavía existe un porcentaje de peruanos que lo defiende, lo justifica o minimiza lo ocurrido, aferrándose más a la identidad política que a los hechos.

El caso de Martín Vizcarra revela la otra cara de esta misma dinámica. Conviene recordarlo: no llegó a la presidencia mediante el voto popular, sino por la sucesión tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Su legitimidad se construyó sobre una maquinaria comunicacional sumamente eficaz. Supo manejar el mensaje, capitalizar el desgaste del Congreso, proyectar la imagen de “luchador anticorrupción” y construir una narrativa que, durante años, lo blindó ante cuestionamientos crecientes. La reciente sentencia por cohecho, que lo responsabiliza de recibir sobornos cuando era gobernador, desmonta de manera definitiva ese relato.

Y, sin embargo, Vizcarra sigue manteniendo niveles de aprobación que sorprenden incluso a sus críticos. No surge de su gestión, ni de resultados de política pública, ni de una trayectoria intachable. Surge, sobre todo, de la habilidad con la que supo presentarse ante la opinión pública. En el Perú, a veces la narrativa pesa más que la evidencia.

Ambos casos, aunque distintos, responden al mismo patrón: como país, seguimos eligiendo o legitimando liderazgos movidos más por emociones que por razonamiento. En Castillo, el voto fue un rechazo visceral al sistema. En Vizcarra, la adhesión fue consecuencia de una comunicación política que sustituyó al escrutinio.

Esa conducta colectiva tiene un costo. El Perú no puede seguir funcionando como una República donde la historia se repite porque el electorado se resiste a aprender. No basta con indignarse después. No basta con reclamar justicia cuando el daño institucional ya está hecho. Corresponde evaluar mejor antes de entregar el poder.

Ni la simpatía ni el carisma pueden reemplazar la transparencia, la experiencia o la solvencia ética. Y la justicia imperfecta, pero constante terminará alcanzando a quienes traicionan el mandato que recibieron. Lo que está en discusión es si seguiremos permitiendo que el país aprenda siempre por las malas.

Se supone que las sentencias contra Castillo y Vizcarra deberían servir como una advertencia final: al Perú le toca votar con el cerebro y no con el impulso, para dejar de convertir a sus gobernantes en criminales populares.

Rogger Alba