Hay decisiones que, aunque algunos reclamen como injustas, son expresión de una justicia más profunda que la del simple procedimiento. Son aquellas que recuerdan que la política no es un oficio técnico ni un juego de reemplazos, sino una vocación moral y un pacto de confianza con la República. Tal es el sentido de la disposición que impide que la perulibrista Zaida Arias ocupe el escaño que dejó vacante el congresista Guillermo Bermejo, hoy condenado por terrorismo.

Podría pensarse, desde una mirada meramente formalista, que la ley permitiría que la accesitaria asuma el cargo, pues en teoría el voto popular la acompañó en la misma lista, pero el orden político no puede reducirse a un trámite contable de votos ni a la aritmética de los suplentes. Cuando un representante incurre en un crimen que atenta contra el propio fundamento del Estado – como el terrorismo -, la representación misma se disuelve. La confianza que el pueblo depositó en esa lista queda herida de muerte, y el Congreso no tiene el deber de restaurarla con un reemplazo automático, sino el deber moral de purgarla.

La “silla vacía” no es, como algunos pretenden engañar, una venganza política ni una afrenta a la voluntad popular. Es una forma de penitencia institucional. Expresa que la democracia no puede ser cómplice de quienes buscan destruirla desde adentro. Si el parlamento permitiera que el mismo partido que llevó a un condenado por terrorismo mantenga su cuota de poder, estaría premiando la infiltración de la violencia en el orden republicano. Al contrario, la vacancia del escaño es un recordatorio sobrio de que la libertad política solo florece cuando está enraizada en la virtud cívica.

En una época en que todo se mide por la eficacia y la conveniencia, resulta saludable que una norma apueste por el principio. No todo puede sustituirse, ni todo puede heredarse. Hay lugares que, cuando son mancillados, deben permanecer vacíos para preservar su sentido. Ese es el valor moral de la silla vacía: nos obliga a contemplar el precio de la corrupción ideológica y la gravedad del mal que pretendió sembrar el terrorismo en el alma de la nación.

Algunos dirán que Arias no ha sido condenada, que se la castiga por asociación. Pero no se trata de un castigo personal, sino de una sanción simbólica dirigida al vínculo político que la unía al condenado. El Parlamento no juzga la conciencia de Arias, sino la responsabilidad de un partido que llevó a sus filas a quien hoy carga con una sentencia por afiliación al terrorismo. La curul vacante no es una injusticia contra una persona; es una lección de justicia hacia el país entero.

Así, el artículo 15-A del Reglamento del Congreso, lejos de ser una simple cláusula administrativa, se convierte en un acto de prudencia republicana. Reconoce que hay momentos en que el Estado debe preferir la ausencia a la contaminación y la pérdida de un voto a la pérdida de la dignidad.

En última instancia, la democracia no se mide solo por su capacidad de elegir, sino por su capacidad de excluir. Excluir aquello que, bajo la máscara de la representación, amenaza con destruir el pacto moral que nos sostiene como comunidad política. Por eso, que la silla de Bermejo permanezca vacía no es un vacío de representación, sino un lleno de sentido. Es el recordatorio solemne de que la libertad no puede ser refugio del crimen ni coartada de la infamia. Es, en el fondo, una afirmación de fe en el carácter moral de la República.