Según un último informe del «Barómetro de Seguridad», ocho de cada diez peruanos a nivel nacional no se sienten seguros al momento de salir de sus casas. Al mismo tiempo, según encuesta de la empresa Ipsos, a nivel nacional, el 76 % de ciudadanos consideran que no se sienten seguros en las calles; y solo el 22 % admite sentirse seguro.

En Lima —donde se vive mayor impacto del sicariato y la extorsión— el 81 % de los ciudadanos considera que se siente inseguro al salir a las calles; mientras que, en las regiones del interior del país, el promedio de percepción de inseguridad llega al 73 %. La situación se muestra aun más penosa en el norte del país, en departamentos como Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y Áncash, lugares donde impera la delincuencia en sus diversas modalidades.

Igualmente, según la última encuesta de la empresa Datum, solo un 11% de la población confía en los jueces. Igualmente, según el INEI (2024), en el semestre de análisis marzo-agosto 2024, a nivel nacional urbano, el 27,4% de la población de 15 y más años de edad fue víctima de algún hecho delictivo. Asimismo, en las principales ciudades de 20 mil a más habitantes alcanzó el 29,1%, en tanto que, en los centros poblados urbanos entre 2 mil y menos de 20 mil habitantes es de 22,7%.

En el 2023, más de 3 millones de ciudadanos fueron víctimas de robos. Así las cifras de inseguridad ciudadana durante el año 2023 representan no solo un incremento de la criminalidad en todo el país, sino también un retroceso en cuanto a medidas planteadas desde el Ejecutivo.

Ante esta situación de criminalidad, desde el 26 de setiembre, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte declaró el Estado de Emergencia durante 60 días en catorce distritos de Lima Metropolitana y el Callao. Empero, la medida no tiene mayor efecto, e incluso ha generado paros de transportistas públicos, mercados, bodegueros, exigiendo alto al crimen organizado y la extorsión.

Como estrategia, hay quienes plantean fortalecer a la Policía Nacional (incluyendo la profesionalización y capacitación), uso de tecnología de punta en las cámaras de videovigilancia, para anticipar o prevenir una emergencia; igualmente optimizar los sistemas e infraestructuras carcelarias. Pero, sobre todo, se requiere de un control real interno y externo del desempeño no solo de los policías, sino especialmente de los fiscales y jueces en quienes cae la responsabilidad de liberar deliberadamente a delincuentes de alta peligrosidad.

Otra forma de control de la criminalidad podría ser, el trinomio: Policía Nacional, pobladores organizados en juntas vecinales y la Municipalidad, este último para brindar el apoyo logístico requerido. Una medida similar se aplicó en la época del terrorismo, pues para evitar ser asesinados por las hordas terroristas, los campesinos más pobres del país se levantaron con armas rudimentarias que luego fueron perfeccionaron. Finalmente, la población organizada les ganó la guerra a los terroristas en toda la sierra central. Como corolario de ese levantamiento campesino, es que el PCP- Sendero Luminoso, no pudo ejecutar su plan de «cercar del campo a la ciudad».

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