Durante la edad media existieron distintos gremios o guildas que integraban a operarios de distintos oficios, dándoles identidad y protección dentro de una sociedad estamental, jerárquica y corporativa. Hoy en día, las sociedades —para bien o para mal— son todo lo contrario: atomizadas, fragmentadas e igualitarias. Es decir, dejaron de ser orgánicas para convertirse en mecánicas.

Sin embargo, aún es posible encontrar en el mundo moderno ciertas formas del pasado, como sería el caso de los colegios profesionales que, imitando a las antiguas corporaciones, buscan integrar a los profesionales, pero con el añadido de que también procuran legitimar públicamente la idoneidad del desempeño profesional. Algo que no era necesario en la antigüedad, debido a la confianza que existía en la práctica de la función, ya que los oficios se transmitían de generación a generación, lo que aseguraba la competencia y el perfeccionamiento del desempeño.

En el caso de ciertas profesiones como la abogacía, la arquitectura o la medicina, estas nacieron bajo el supuesto de ser «profesiones liberales». Es decir, quienes las profesaban podían prestar libremente servicios especializados a algún cliente a cambio de honorarios. En ese sentido, podía ser relevante para los clientes tener la certeza de la idoneidad y honestidad del profesional, quien no solo venía avalado por un título reconocido por el Estado (a nombre de la nación), sino que, para reforzar el desempeño óptimo se encontraba el concurso del colegio profesional que, además, podría sancionar en caso de mala praxis.

Si consideramos la tradición anglosajona, los colegios profesionales tenían una ventaja interesante: para ser parte del colegio había que aprobar un examen, lo que brindaba ciertas garantías claras sobre la idoneidad profesional de sus miembros. Pero el asunto es que el mundo de las profesiones liberales y los colegios profesionales, que correspondía al siglo XIX y parte del XX, operaba en disciplinas que en ese momento parecían ser saberes teóricos, con métodos definidos y conclusiones predecibles. Es decir, el mundo del positivismo.

Hoy en día, muchas de esas profesiones liberales han dejado de ser consideradas como saberes teóricos para ser más identificados como saberes prácticos, esto se da en el caso del derecho y la abogacía. En cuanto a un saber práctico, si bien puede tener un método, sus conclusiones resultan siendo plausibles u opinables, no certezas, como ocurre con las ciencias exactas. De esta forma, sería muy problemático evaluar una mala praxis en el derecho, a diferencia de lo que ocurre en el caso de la medicina.

En cuanto a la Ciencia Política, se puede partir señalando que es un cuerpo de conocimientos que, si bien arranca como disciplina científica a fines del siglo XIX y comienzos del XX, tiene antecedentes que se remontan a la antigüedad griega y que cuenta exponentes clásicos muy anteriores al nacimiento del positivismo. Sin embargo, incluso los primeros positivistas de la política, como Maquiavelo y Hobbes, tenían más cercanía con los antiguos que con los politólogos conductistas del siglo XX. 

Por tanto, la ciencia política no nació dentro del conjunto de profesiones liberales, sino que surgió de las reflexiones filosóficas de autores antiguos como Aristóteles y Platón o de pensadores modernos como Maquiavelo o Montesquieu, quienes se encontraban empecinados en buscar la mejor forma de sociedad y el mejor régimen político que pudiese traer felicidad y bienestar a los hombres.  Sobre estas bases se intentará construir una ciencia exacta de la política tomando conocimientos de múltiples disciplinas como el derecho, la psicología, la sociología, la economía o incluso la cibernética, como se evidencia en los trabajos de clásicos cientistas políticos del siglo XX como David Easton, Gabriel Almond o Robert Dahl y con múltiples enfoques: institucionalistas, sistémicos, estructural—funcionalistas, culturalistas, etc.  Pero también con diversos métodos—que resaltan lo peculiar que resulta el estudio de la política—y con distintas líneas de trabajo que, en algunos casos, están más conectados con los orígenes, como la teoría política o con perspectivas más empíricas, como la política comparada, la gestión pública o la comunicación política.

En el caso de que existiese un colegio de politólogos, como se pretende hacer ahora, cabe preguntarse: ¿qué calificaría para él como una mala práctica profesional habiendo tantos enfoques, perspectivas y métodos? o ¿cómo se podría evaluar esto? La ciencia política es un saber a todas luces multidisciplinario, como lo evidencia el hecho de que podamos encontrar analistas y académicos muy destacados que no necesariamente hicieron un pregrado en ciencia política, pero que sí pueden contar con estudios de posgrados en saberes afines. El conocimiento político es finalmente teórico y práctico y es respaldado por innumerables saberes.

El siglo XXI nos trae una nueva manera de ver las profesiones y el conocimiento, todo hoy resulta muy flexible y más aún en el estudio político que, por las condiciones de la realidad, exige que el profesional responda a exigencias que van mucho más lejos de lo que pretendía el positivismo durante el siglo XIX.

Da la impresión de que quienes vienen impulsando la creación de un colegio de politólogos o ignoran la realidad del saber político o simplemente se han quedado en la lectura de las profesiones liberales del siglo XIX pretendiendo, además, incorporar a la ciencia política allí.

Para oponerse a la ley de creación del Colegio de Politólogos no es necesario recurrir a argumentos legales, como los de encontrar en la ley restricciones a la libertad de trabajo mediante barreras burocráticas o propuestas mercantilistas, basta y sobra con identificar el sentido y propósito del conocimiento político, el cual no puede ser dirigido ni encasillado en normas obsoletas e impracticables.

Finalmente, de aprobarse la ley, solamente impactaría de cierto modo en las contrataciones que emanen del estado al exigir la colegiatura para postular, lo cual quizá mostraría la verdadera intención de quienes vienen promoviendo su aprobación final. No obstante, no tendría un mayor efecto en el sector privado, que simplemente optaría por quienes consideren más capaces, tengan o no licenciatura en ciencia política. Pues para ellos no importa qué título tengas, sino qué es lo que sabes hacer y que lo puedas hacer de la mejor forma posible.