En las últimas semanas, venimos siendo testigos de frecuentes manifestaciones de rechazo por parte de la ciudadanía a distintas autoridades. Tales expresiones no se circunscriben únicamente a Lima, sino que también es posible apreciarlas en distintas provincias del país. 

Los destinatarios de dicha expresión ciudadana no son solo las autoridades nacionales, entiéndase, la presidenta de la República y los congresistas, sino también las autoridades regionales y locales, sobre todo las primeras, es decir, gobernadores regionales.

Es cierto que no es la primera vez que ocurren este tipo de manifestaciones y las autoridades políticas no han sido las únicas que han sido “víctimas” de aquellas, puesto que, en su momento, se ha podido ver expresiones de rechazo a fiscales (o ex fiscales), políticos que no ocupan cargos representativos en la actualidad y periodistas. 

No obstante, lo que pudiese resultar más llamativo es que, mientras “la calle” parece estar apagada y silente, en el sentido que ya no existen marchas multitudinarias y a nivel nacional que hagan sentir aquel rechazo ciudadano a la “clase política” o la forma cómo se está conduciendo o las decisiones que se adoptan, fundamentalmente, desde el Gobierno y el Congreso y, también, los gobiernos regionales y locales; quien parece haberse activado es la “ciudadanía” desde una dimensión más reactiva, sino incluso focalizada o selectiva.

No habrá marchas ni paros, pero sí hay expresiones de rechazo en establecimientos públicos, aviones, establecimientos de salud, inauguraciones de festivales o de obras públicas. 

Desde luego, no es lo mismo una pifia o arengas en contra de determinados políticos, que lanzarles un vaso que puede ocasionar daño, lanzar un cono de tránsito o lanzar basura en sus domicilios. De la misma manera, no es lo mismo una manifestación o marcha entusiasta con música, banderola y cánticos, que un bloqueo de carreteras o un intento de toma de aeropuertos. 

Lo que debe quedar claro es que la violencia no puede permitirse de ninguna manera, el daño a la propiedad y a la integridad personal tampoco, independientemente de la organización política, ideología, pensamiento o sentido del voto de la autoridad a la que se le quiere hacer sentir el rechazo ciudadano o popular.

Lamentablemente, a nivel de algunos sectores de “políticos” y “líderes de opinión” pareciera existir un rechazo que está condicionado a quién es la “víctima del rechazo”. Condena y rechazo públicos célebres si es una persona con la que se simpatiza; silencio, sino incluso celebración, si se trata de una persona que se encuentra en la otra orilla. Y eso está mal.

Ahora, que se condene la violencia, venga de donde venga e independiente de quién sea el destinatario de esta, tampoco puede conducirnos al otro extremo de sostener la clásica y resignada expresión: “Asume tu voto”, como para argumentar que como estamos en una democracia representativa, la ciudadanía tiene que tolerar o “bancarse” todo el periodo de mandato representativo de las autoridades electas.

El tema reviste de singular gravedad en el caso de las autoridades nacionales, en concreto, la presidencia de la República y los congresistas, porque se trata de cargos que no son revocables y, en el caso de los parlamentarios, el cargo es irrenunciable y no está sujeto a mandato imperativo.

Siendo así, ¿cómo hacemos para canalizar y establecer válvulas de escape del rechazo ciudadano?, ¿cómo hacer que la democracia representativa no se erija en un sistema estático que solo tenga en cuenta a los ciudadanos cada 4 o 5 años, cuando son convocados a las urnas? 

A nuestro juicio, lo que corresponde es pensar en alternativas, precisamente, para que el rechazo ciudadano sea convertido en control y participación ciudadana efectiva; que se establezcan plataformas en las que democracia representativa y democracia participativa dialoguen y haya una corresponsabilidad que no se limite al día de la elección y al ya mencionado “asume tu voto”, sino que vaya de la mano durante todo el periodo de mandato representativo. 

¿Cómo hacerlo? A mi juicio, existen distintas alternativas que podrían explorarse o, por lo menos, debatirse con apertura y sin temor, las cuales pasan por rendición de cuentas, transparencia, participación y control ciudadanos.

Una de ellas podría consistir en anticipar el periodo de tiempo que tiene que esperar la ciudadanía para promover consultas populares de revocatoria (comenzar a adquirir los kits para recabar firmas de adherentes) o, en todo caso, no tener que esperar al tercer de los cuatro años de periodo de mandato representativo para que se lleve a cabo la citada consulta popular. Complementariamente a ello, sobre todo a nivel municipal, que no existe un porcentaje mínimo para ganar la elección, podría evaluarse reducir el porcentaje mínimo de votos válidos y de participación electoral para que se revoque a una autoridad electa. Por su parte, en el caso de las circunscripciones electorales grandes, podría pensarse en restablecer un tope de número de adherentes para poder solicitar una consulta popular de revocatoria, considerando que el 25% del total de electores hábiles actual podría resultar inviable en el poco tiempo que se tiene para ello.

Una segunda medida, aunque se reconoce que pueden existir reparos en su implementación o primera aplicación, consiste en la renovación parcial, sea por mitades o por tercios (aunque para que ocurra lo segundo, a mi juicio, el periodo tendría que ser de 4 o de 6 años y no de 5, como es ahora) del Congreso, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, considerando que habrá bicameralidad desde el año 2026. 

Una tercera medida consistiría en promover la presentación de iniciativas legislativas ciudadanas, por ejemplo, reduciendo el porcentaje de adherentes para viabilizar la presentación de tales iniciativas y disponiendo que, independiente de la decisión que se adopte, el Congreso, el Consejo Regional o el Concejo Municipal, se pronuncien en un breve periodo de tiempo sobre aquel. Al respecto, correspondería recordar que, salvo el caso de reformas constitucionales, cabe promover consultas populares de referéndum en caso una iniciativa legislativa ciudadana no es acogida o es modificada sustancialmente por el órgano legislativo correspondiente (artículo 41 de la Ley N.° 26300, Ley de los derechos de participación y control ciudadanos).

Una cuarta medida podría consistir en difundir de manera más comprensible, amigable y accesible a la ciudadanía, en tiempo real y de manera gratuita e ilimitada, las plataformas relacionadas con la ejecución presupuestal, elaboración de expedientes técnicos, seguimiento de ejecución de obras públicas, contratación de personal y proveedores de las distintas entidades públicas, así como de los resultados del control gubernamental. Es decir, hacer que tales portales no sean solo de interés y fácil acceso para periodistas y profesionales, sino para cualquier persona, puesto que toda la ciudadanía tiene el derecho y deber de conocer qué se hace con el presupuesto público, a quién se contrata, para qué se contrata, en qué se gasta, etc.

En el caso de los congresistas, por ejemplo, debería existir una plataforma que, de manera más accesible e individualizada, permita conocer el sentido de cada votación de cada congresista, no solo en el Pleno, sino también en cada comisión que integre. Una plataforma que permita tener registradas individualizadas sus intervenciones en las comisiones y el Pleno, ahora que todo se registra, que permita conocer a dónde viaja, por cuántos días y cuánto se le asignaron de viáticos, cuántas licencias solicitó y le fueron concedidas y de qué tipo; ello sin tener que bucear en el diario oficial El Peruano y en distintos enlaces del Congreso.

Para evitar que el rechazo ciudadano pase de lo verbal a lo físico y entremos en un alarmante espiral de violencia, es necesario pensar en alternativas que doten a la ciudadanía de mecanismos adicionales para conocer y controlar lo que hacen sus autoridades.

La democracia es tolerancia, pero también control, transparencia y responsabilidad.

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