Lima, nuestra ciudad, tiene poco más de 10 millones de habitantes (1), casi la tercera parte de todo el país. Es una mega-urbe con todas las letras, sin contar al Callao que es conurbano y el puerto activo más importante de nuestro litoral. Nos aqueja en ambas ciudades dos problemas que nos deberían preocupar: las atribuciones que la municipalidad de Lima debe asumir y el doble gobierno que posee la ciudad portuaria del Callao.

El ex-regidor metropolitano Neptalí Carpio opinó sobre el manejo del sector salud en Lima que: «es irracional que el ministerio de salud conduzca sus funciones sectoriales nacionales y que, por otro lado, tenga que ocuparse de las micro redes, centros de salud y postas médicas, como ocurre en el ámbito de la capital» (2). Por el lado del Callao, el ex-legislador Víctor Andrés García Belaunde manifestó que existe «una superposición peligrosa de funciones que no solo incrementa la necesidad de contar con mayores recursos públicos» sino que hace «más difícil cumplir con las labores de fiscalización» (3).

Para las relaciones entre niveles de gobierno existe el llamado principio de subsidiariedad, el cual es aplicado por ejemplo en la Unión Europea para «aproximar el ejercicio de las competencias a la ciudadanía en la mayor medida posible, con arreglo al principio de proximidad» (4). Así mismo la Iglesia incorporó el siglo pasado este principio en su doctrina, no como un tema para la salvación de las almas, sino de conocimiento acumulado sobre la relación entre niveles de gobierno. Pío XI escribía en Quadragesimo Anno: «no se puede quitar a los individuos y dar a la comunidad lo que ellos pueden realizar con su propio esfuerzo e industria» ni sería justo «quitar a las comunidades menores e inferiores lo que ellas pueden hacer y dárselo a una sociedad mayor y más elevada» (5). Con estas palabras sancionaba así la relación subsidiaria que se debe cumplir en la sociedad y el Estado.

Se entiende, gracias a la ley natural, que la descentralización es necesaria para el funcionamiento de la capital incluso se podría defender que acoja más facultades que los demás gobiernos subnacionales por sus propias particularidades: alta densidad demográfica y extenso territorio para ser solo un municipio. Así también hemos visto que las competencias que tenían Lima y Callao en transporte han sido tomadas por el gobierno central en la ATU hace ya seis años (6), debido al fracaso de ambas municipalidades para gestionar el tema. El gobierno central tomó la tarea que los municipios de ambas ciudades no pudieron ejecutar como cuerpos intermedios.

¿Qué son por cierto estos cuerpos que se mencionan? Son «la manifestación del orden natural de la convivencia humana» (7) pues los seres humanos no podemos conseguir nuestros fines sin ayuda de otros, por lo cual nos vemos movidos a colaborar en grupos que son intermedios entre el individuo y el Estado (8): familias, municipios, sindicatos, asociaciones estudiantiles, gremios profesionales, comunidades campesinas y nativas, etc. Para Vallet De Goystisolo las sociedades intermedias lo son siempre y cuando broten «como las plantas, de abajo arriba, y no al revés, descolgarse de arriba abajo dominados ya sea por el Estado o por otros organismos superiores» pues en tal caso estos cuerpos sociales no serían expresión de la naturaleza humana, sino apéndices del poder dominante (9).

Regresando a nuestra situación, cabe resaltar que el municipio capitalino puede exigir la trasferencia de facultades que como gobierno regional debería ejercer, pero están hoy en manos del Ejecutivo, como las materias de salud y educación. La precaria la gestión de los servicios públicos por el gobierno central motiva a que una autoridad más cercana y controlada por los limeños los maneje. Si acaso queremos una reforma más profunda se tendría que aprender de ciudades como Bogotá, Madrid o Buenos Aires, que gozan de regímenes especiales de gobierno, sea un régimen de capitalidad, estatuto o una «constitución»  de la ciudad (10), permitiendo incluso mandar sobre la policía del área metropolitana, como el caso de Buenos Aires (11).

Mirando hacia el Callao hayamos una situación tan peculiar como desquiciada, pues tiene dos cabezas: la municipalidad provincial y el gobierno regional. Situación que es inexplicable y requiere un trato urgente. Los más beneficiados de la hidra administrativa chalaca son los políticos corruptos y la gruesa burocracia portuaria. (12). Esto se ve reflejado en que el gobierno regional del puerto recibe un holgado presupuesto cada año, casi veinte veces el de Lima en 2023 por ejemplo, que tiene diez veces la población del puerto (13) (14) (15). Es imperativa entonces la disolución del gobierno regional del Callao y que su municipalidad absorba sus competencias, intento que traerá muchas voces de resistencia pero que es con claridad la medida más justa para el caso.

Hemos de concluir que Lima y Callao requieren con urgencia comenzar una reorganización institucional, tanto para administrar mejor una mega ciudad como para reducir la excesiva burocracia que un mal diseño legal ha permitido; de lo contrario sus problemas no tendrán diferentes destinos que la corrupción rampante y el estancamiento de los servicios públicos en la precariedad que los tiene el Ejecutivo.

Por último, la subsidiariedad es necesaria no solo para la gestión de los gobiernos locales, sino para el respeto de la libertad del individuo, pues no es favorable para el hombre que el Estado se vuelva gigante y asfixiante (16) ni que se destruya la plural espesura que son las corporaciones sociales. En tal caso, los individuos quedarían libres de las ataduras y responsabilidades de los cuerpos intermedios, pero serían indefensos y solitarios ante las arbitrariedades que el Estado les imponga.