El 5 de abril de este año, el gobierno de Ecuador ordenó un asalto a la Embajada Mexicana en Quito. El objetivo fue el de capturar a Jorge Glas, exvicepresidente de la República de Ecuador de 2013 a 2018 — durante los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno — quien fue condenado a ocho años de prisión en el año 2017 por recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

Glas había recibido el asilo político por parte del gobierno de México a inicios del mes de abril, casi cuatro meses después de su ingreso a la embajada mexicana. Posteriormente, quedaba a la espera de un salvoconducto para poder dirigirse al aeropuerto de Quito y volar a México. Sin embargo, el gobierno ecuatoriano no solo no le brindó el salvoconducto, sino que decidió capturarlo irrumpiendo en la embajada a través de una intervención policial. Esto, por supuesto, provocó una grave crisis diplomática entre ambos países, que aún no ha sido resuelta.

Se pueden identificar tres cuestiones meritorias de evaluación y análisis en el contexto de esta crisis.

En primer lugar, el precedente que deja el asalto a la embajada mexicana. La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, adoptada en 1961, establece la inviolabilidad de las misiones diplomáticas (Artículo 22), al ser consideradas espacio soberano del país. De tal forma, una irrupción estaría violando de manera directa el derecho internacional. Cabe recordar que una situación como tal solo se ha dado en contadas ocasiones en nuestra región, como lo fue en el asalto a la embajada venezolana en Montevideo en 1976, o el asalto a la embajada ecuatoriana en La Habana en 1981.

Este precedente es especialmente preocupante si consideramos la importancia del asilo diplomático en una región azotada por un número considerable de regímenes autoritarios. El caso más resaltante es el de Venezuela, en donde, por poner un ejemplo actual, la embajada argentina en Caracas ha acogido, desde el mes de marzo, a seis asilados políticos pertenecientes al partido de oposición Vente Venezuela.

La segunda cuestión a analizar dentro del contexto del conflicto diplomático entre Ecuador y México, es el riesgo de que el asilo político sea solicitado u otorgado quebrantando los acuerdos establecidos en los tratados reguladores de dicha materia. En el caso de Jorge Glas, éste recibió el asilo por parte del gobierno mexicano tras manifestar ser víctima de persecución política. Sin embargo, el gobierno de Ecuador sostiene que dicho asilo incumplía las condiciones establecidas en el Artículo III de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, que establece que “no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes”.

Cabe considerar también la manera en que se ha desarrollado la política exterior de México durante los seis años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sosteniendo no en pocas ocasiones una tendencia al involucramiento en los asuntos internos de los países de la región — incluyendo el caso de nuestro país, Perú — de acuerdo a su afinidad ideológica, aún si eso significa apoyar abiertamente a gobiernos de regímenes autoritarios como Cuba y Venezuela.

Por supuesto, es posible rechazar y condenar la política exterior del gobierno de AMLO, y a la vez reconocer que la irrupción en la embajada mexicana en Quito fue una grave violación del derecho internacional.

Finalmente, no puede analizarse este conflicto diplomático sin comprender las motivaciones de cada actor. Si los motivos de México se basaron más en una afinidad ideológica con el anterior gobierno ecuatoriano, al cual perteneció Glas, aquellos que guiaron el accionar del gobierno ecuatoriano — presidido por Daniel Noboa — priorizaron principalmente la aprobación de la opinión pública ecuatoriana. Es clave considerar que Ecuador se encuentra atravesando una grave crisis de seguridad debido al desborde de las actividades delictivas, directamente relacionadas a industrias ilegales como el narcotráfico. En este contexto, la imagen de un gobierno fuerte, decisivo y que priorice la defensa de la soberanía del país, podría generar mayor legitimidad política de manera interna. Externamente, sin embargo, el asalto a la embajada ha tenido como efecto el compromiso de la credibilidad del gobierno a nivel internacional.

Entonces, ¿en qué estado se encuentra el conflicto diplomático entre Ecuador y México actualmente? Hasta la fecha, los países no han reestablecido sus relaciones diplomáticas. Además, ambos han presentado demandas en contra del otro ante la Corte Internacional de Justicia, acusando a la contraparte de violar las normas internacionales. A finales del mes de mayo, la demanda de México fue desestimada por la CIJ, que aún no se pronuncia respecto a la demanda ecuatoriana.

Por otro lado, tras las recientes elecciones presidenciales en México, que dieron como resultado la victoria de la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, será importante observar el desarrollo de la política exterior mexicana cara al inicio del nuevo gobierno, para identificar si mantiene su curso o si buscará diferenciarse del periodo de AMLO. Hasta el momento, su rechazo a entablar el diálogo con Ecuador parece demostrar lo primero.

Finalmente, este conflicto es una oportunidad para recordar el rol clave que cumplen los tratados internacionales en el mantenimiento de la convivencia pacífica entre los Estados. De relegar los principios que estos representan, nos enfrentamos al riesgo de cruzar una línea muy peligrosa. En una región que actualmente se enfrenta a graves desafíos comunes en materia de seguridad y en la cual varios países sufren el flagelo del autoritarismo, es más importante que nunca asegurar el respeto por los principios del derecho internacional y evitar toda justificación de su quebrantamiento. Ante todo, no podemos permitir que — a raíz de ciertos precedentes — las dictaduras de la región osen imitar dichas acciones.