En las ultimas semanas, el régimen de Maduro ha estado muy activo tanto en las redes sociales como en la política: logró una victoria simbólica en un referendum, se encargó de eliminar a sus opositores en las próximas elecciones, aprobó una ley para censurar las protestas, y por último, pero no menos importante, detuvo a un conocido youtuber por «terrorismo». ¿Qué planea Maduro? Ya lo sabemos, pero no está de más analizar su modus operandi.

El primer paso de Maduro fue asegurar el respaldo popular al resucitar una antigua disputa territorial con su vecino Guyana. Desde el año pasado impulsó una campaña nacionalista que finalizó en un referendum en diciembre del 2023 con un apoyo casi total hacia la propuesta de «recuperar» el territorio reclamado. El gobierno bolivariano anunció que para inicios de abril se promulgaría una ley expresa para defender sus intereses territoriales. Definir la pertenencia de la zona conocida como Guayana Esequiba o simplemente El Esequibo implica un análisis histórico que no conviene ahondar para propósito de este artículo, pero cabe mencionar que Venezuela tiene el argumento más realista y sostenible temporal y jurídicamente.

A la par, el régimen de Maduro solicitó a las autoridades electorales que le pongan un freno a las pretensiones de la oposición, incluso después de haberse dado las elecciones internas con miras a las presidenciales del 28 de julio. A la fecha, el régimen ya ha venido inhabilitando, acosando y hasta deteniendo a opositores para dejar preparar a Maduro para su tercer mandato. El caso más relevante es el de la opositora María Corina Machado, del partido Vente Venezuela: la exdiputada no solo ha sido víctima de obstáculos, al igual que otros candidatos que no pueden inscribir sus partidos, sino que Machado también fue inhabilitada para ejercer cargo público alguno. Machado hoy denuncia una persecución por parte del régimen que ya ha detenido arbitrariamente a algunos de sus colegas.

Esta semana también se aprobó en primera instancia una ley abiertamente discriminatoria que busca criminalizar las protestas contra el régimen. El objetivo de esta ley es tachar de fascistas a los opositores al gobierno y por ende, vincular sus legítimas protestas con actos fascistas. Lo que hace el gobierno venezolano con esta ley no solo es demostrar claramente que le tiene miedo al poder popular sino que busca posicionarse en el otro extremo del espectro ideológico de la segunda guerra mundial, al condenar a los fascistas y ratificar que son un estado socialista.

Como bonus, la detención de Oscar Alejandro, personalidad de internet, ha generado preocupación entre los usuarios de redes sociales. El joven youtuber venezolano fue detenido por «terrorismo» tras publicar un video donde mencionaba un edificio financiero de su país y que, de explotar, podría causar un colapso en la economía venezolana. Las autoridades lo detuvieron por un día luego de interpretar literalmente sus palabras. Considerando que se encuentra en Venezuela donde las libertades son muy restringidas para los opositores al régimen, no fue un acto muy inteligente de su parte publicar ese comentario.

En conclusión, Maduro se prepara para los aplausos después de una inminente y también «muy reñida» victoria en las elecciones presidenciales de julio. Poco le importa el éxodo masivo y el índice de delincuencia que no puede mitigar como en El Salvador. Que no nos quepa duda de que Maduro y su cúpula una vez más hicieron uso de todo su poder político para legitimar la precariedad del sistema democrático y perpetuarse en el poder como los socialistas del siglo pasado. La poca vergüenza del régimen chavista ha motivado a que personajes como el presidente de Colombia y fiel defensor suyo, Gustavo Petro, lo cuestione por las acciones tomadas por el órgano colegiado electoral. Estemos atentos a ver con qué otra maniobra nos sorprende Maduro.