En las últimas elecciones se hizo evidente que una de las varias debilidades que hoy tiene nuestra democracia es la fragmentación del voto en las elecciones presidenciales. Que candidaturas con menos de 10% de apoyo tengan oportunidad de llegar a la segunda vuelta hasta días antes de la primera, hace que casi cualquiera pueda ganar la presidencia si, por ejemplo, es quien logra crecer en popularidad en las últimas semanas. Más aún en un país en el que es justamente en las últimas semanas cuando gran parte del electorado recién decide su voto. Esto puede darse y se ha dado incluso cuando realmente no conocíamos mucho sobre la persona por la que gran parte del país estaba votando.

¿Por qué hubo tanta fragmentación en el 2021? De seguro existen varios motivos. Quienes hayan estado atentos, habrán notado que ya en el 2016 la elección había sido similarmente fragmentada, con la única excepción del alto respaldo que siempre mantuvo Keiko Fujimori. La candidata de Fuerza Popular empezó aquella campaña como la favorita natural, al haber sido quien había perdido la segunda vuelta en el 2011. Lo mismo había pasado con Ollanta Humala en el 2011 (perdió en el 2006), con Alan García en el 2006 (perdió en el 2001) y con Alejandro Toledo en el 2001 (perdió en el 2000).

Para el 2021, sin embargo, el haber perdido ya dos segundas vueltas no pareció favorecer a Fujimori, quien además había perdido mucha popularidad tras su involucramiento en el caso Lava Jato –que en algún momento la llevó a prisión preventiva– y por la forma en que dirigió a la mayoría del Congreso fujimorista 2016-2019, que fue bastante impopular. Al no haber surgido nuevas opciones con más de un 10% de apoyo, salvo por George Forsyth en un inicio, no era difícil prever que en el 2021 tendríamos una campaña fragmentada.

Más allá de este y otros factores, algo que también influencia en qué tan concentrada o fragmentada es una elección –aunque muchas veces más en el largo plazo que en el corto– son las reglas de juego. En este caso, las reglas electorales. Tanto políticos como votantes y otros actores –financistas, sociedad civil, etc.– actúan diferente en elecciones con reglas distintas. Y los resultados pueden terminar siendo diferentes.

Piénselo: ¿hubiese ganado Alberto Fujimori en 1990 si la elección se hubiese definido por mayoría simple en una sola vuelta como hacen hoy en México o Paraguay? ¿Hubiese ganado el actual alcalde de Lima una eventual segunda vuelta contra Daniel Urresti si esa regla hubiese estado vigente el año pasado para la elección municipal? ¿Sería la misma o siquiera similar la conformación del actual Congreso si tuviésemos distritos más pequeños (uninominales, binominales o de tres representantes) y eligiésemos por voto ranqueado o aprobatorio? No tenemos cómo saberlo, pero es razonable pensar que todos esos resultados podrían haber sido distintos.

Esos son solo algunos ejemplos de cómo las reglas electorales pueden influenciar en una elección y en sus resultados. Nuevamente, esto no es lo único que determina que tan fragmentada o concentrada termina siendo una elección, pero sí es uno de los factores. Con ello en mente, a continuación quiero plantear dos reformas electorales para reducir la fragmentación en el mediano y largo plazo en el Perú.

El objetivo de estos cambios sería fomentar que, como respuesta espontánea a los incentivos generados por estas nuevas reglas de juego, los actores electorales –políticos, votantes, financistas, etc.– se comporten de forma tal que tanto las campañas y como el resultado de las elecciones presidenciales termine siendo menos fragmentado. Obviamente, en todos los casos estas reformas tendrían otros impactos independientes, pero en este texto me voy a concentrar sobre todo en el comentar el efecto que tendrían en cuanto al problema de la fragmentación.

1. Restaurar la reelección presidencial para una única vez y reducir el periodo a cuatro años. Que la elección parta con una o más candidaturas ‘favoritas’ suele llevar a elecciones menos fragmentadas que cuando no hay favoritos desde el inicio. Ello pues su sola existencia lleva a los opositores a coordinar su voto por solo una o quizá dos alternativas. Así, aunque se hayan inscrito 20 candidatos la carrera, solo dos, tres o cuatro terminan siendo realmente relevantes.

En cualquier sistema presidencial, un favorito natural suele ser el presidente de turno que se lanza a la reelección. Incluso cuando su aprobación es baja, muchas veces tienen un apoyo mínimo de cerca o más e 30%, como Donald Trump o Pedro Castillo. Nuestra actual regla sobre reelección presidencial, además, es la peor posible. Sí se permite la reelección de forma indefinida, solo no inmediatamente, con lo cual fomentamos el enquistamiento de líderes personalistas en los partidos, en lugar de promover la renovación de nuevos liderazgos.

Para evitar que un gobierno se quede demasiado tiempo, el periodo presidencial podría reducirse a cuatro años, como ocurre en Colombia y Chile. Este nuevo modelo, además, sería más favorable al desarrollo de políticas de Estado pues, en el lago plazo, permitiría una mayor estabilidad en el Poder Ejecutivo que la que suele haber actualmente. Más aun considerando la falta de partidos políticos institucionales.

2. Eliminar la segunda vuelta y reemplazarla por un voto aprobatorio en una sola vuelta. Aunque no sea evidente a primera vista, la segunda vuelta crea una tendencia hacia la fragmentación del voto en las elecciones presidenciales. Por el lado de los partidos, existen más incentivos para formar alianzas cuando solo hay una oportunidad de ganar. En cambio, si es posible ganar incluso quedando segundo en una primera ronda, hay una mayor probabilidad de que más partidos opten por probar suerte por su cuenta.

Por el lado de los votantes, cuando hay solo una ronda para votar la gente tiende a ser más estratégica: pocos están dispuestos a sentir que han ‘desperdiciado’ su voto dándoselo a una candidatura sin muchas opciones. Así, el voto se termina concentrando solo entre las candidaturas con más oportunidad. Cuando hay segunda vuelta, en cambio, más gente vota libremente en la primera vuelta por candidaturas con menos opciones, lo que permite en el largo plazo la supervivencia de más partidos.

Piense si no en cómo países presidenciales como Estados Unidos, México o Paraguay tienen espontáneamente solo dos o tres partidos relevantes, pese a que la ley les permite a otros participar y sin que esto haya derivado en que elijan a presidentes con un apoyo muy bajo. En lugar de la regla actual, podría adoptarse la elección en una sola ronda a través del voto aprobatorio, que podría ser mejor que su alternativa: la mayoría simple.

En ambos casos, ya no se exigiría una mayoría mínima para ganar, sino que ganaría quien obtenga más votos sin importar cuántos sean. Pero a diferencia de la mayoría simple, en la que solo es posible votar por una candidatura, en el voto aprobatorio se puede ‘aprobar’ a todas las opciones que uno quiera, sean varias o una sola. De este modo, necesariamente gana la elección la persona que haya logrado recibir la ‘aprobación’ de más peruanos.  

Ninguna de estas reformas pretende ser por sí mismas la solución a todos los problemas de la política peruana. La idea de plantearlas en este artículo es contribuir desde una mirada del diseño de la Constitución a la discusión sobre qué podemos hacer para comenzar a diagnosticar y solucionar estos problemas, uno de los cuáles es sin duda la fragmentación del voto. Dicho esto, está claro que, para tener un efecto importante en lograr una mejor representación y una política más estable, estas reformas tendrían que aprobarse acompañadas de otras más.

Si me preguntan, sumaría varios otros cambios más, como retornar a la bicameralidad; aumentar el número total de representantes –a más de 300– y de distritos electorales en el Congreso; establecer distritos uninominales, binominales o de máximo tres representantes en la cámara baja; establecer una representación mixta –nacional y regional– en el Senado;  reestablecer la reelección de congresistas; establecer la muerte cruzada; restarle poder político al presidente y darle poder de jefe de Gobierno al Presidente del Consejo de Ministros; modificar la vacancia presidencial para que solo opere ante supuestos objetivos y aumentar las causales para la acusación constitucional al presidente (impeachment); modificar la forma en que se eligen a los miembros del Tribunal Constitucional, del Jurado Nacional de Elecciones, al Contralor y al Defensor del Pueblo; entre otros más. Pero dejemos eso para otras conversaciones.