Intensos desacuerdos, disputas intelectuales, quejosas manifestaciones verbales, juicios exacerbados, opiniones diametralmente opuestas y hondas divisiones ha generado en la sociedad peruana el pronunciamiento político de la Conferencia Episcopal Peruana sobre la impune transgresión a la ley constitucional –sobre sobre la Junta Nacional de Justicia– del Congreso de la República. Antes de profundizar en este tópico, me parece necesaria la siguiente aclaración, para prevenir erróneas interpretaciones.

No sigo la doctrina de Maquiavelo que consiste en la anulación radical de la moral religiosa –especialmente la cristiana– en la política. De hecho, estoy en la tribuna opuesta, bajo el amparo de las vigorosas inteligencias que combatieron el modo maquiavélico de organizar política y moralmente a la sociedad. Me refiero al sacerdote Pedro de Ribadeneira, el jesuita Claudio Clemente, Federico el Grande y muchos otros. De tal manera que no pueden acusarme de “destructor de la moral religiosa cristiana en la política”. 

Sin embargo, con el incalculable respeto y amor que le tengo a la Iglesia –esposa de Cristo (Efesios 5, 23-24) – me parecen desacertadas las manifestaciones de la Conferencia Episcopal, pues la misión de la autoridad eclesiástica no es intervenir en la política coyuntural; mucho menos, dar definiciones que acusan un supuesto quebrantamiento de la norma constitucional, cuando esto no es rigurosamente cierto.

Según el Catecismo de la Iglesia Católica (numeral 2442): «No corresponde a los pastores de la Iglesia intervenir directamente en la actividad política y en la organización de la vida social. Esta tarea forma parte de la vocación de los fieles laicos». La doctrina de la Iglesia carece de ambigüedades: hay asuntos ajenos al estado clerical que, por tanto, los laicos deben, con responsabilidad, ejecutarlos ajustando su conducta al mandato evangélico.

Asimismo, el Directorio para el Ministerio y la Vida de los Presbíteros (1994), redactado por la Congregación para el Clero, llamado ahora Dicasterio para el Clero, dice con notable claridad: «El sacerdote estará por encima de toda parcialidad política, pues es servidor de la Iglesia: no olvidemos que la Esposa de Cristo, por su universalidad y catolicidad, no puede atarse a las contingencias históricas».