“El Perú es un caso clásico de un país profundamente afectado por la corrupción administrativa, política y sistemática, tanto en su pasado lejano como en el más reciente. No obstante sus efectos recurrentes y cíclicos, es sorprendente lo poco que sabemos acerca de las causas específicas de la corrupción y sus costos económicos e institucionales en el largo plazo”, Alfonso de Quiróz hace una brevísima pero acertada descripción sobre la corrupción en el Perú, nos asombramos de la corrupción y condenamos de manera desmesurada al corrupto, pero no nos sentamos a reflexionar sobre las causas que llevaron a producir el hecho delictivo. Ese cáncer que gangrena las bases institucionales tanto públicas como privadas y vulnera evidente los derechos fundamentales de las personas, no solo se da a nivel nacional, sino que el origen de este mal surge también desde la administración regional, como es el caso de Piura, una ciudad que no solo es afectada por el niño costero y las fuertes lluvias, sino también por sus autoridades.

La descentralización en el Perú implica el incremento de la trasferencia de recursos a los gobiernos regionales, así las ciudades pueden cumplir las necesidades mínimas y básicas para garantizar la vida digna de los ciudadanos. Sin embargo, las obras paralizadas y deterioro de las infraestructuras públicas al poco tiempo de ser inauguradas son las consecuencias más evidentes de los niveles de corrupción, pues se lucra en lugar de invertir de manera eficaz en las obras para mejorar los bienes y servicios regionales. Son 236 casos denunciados por corrupción en Piura, representan el 2,3 % de la estadística a nivel nacional; 128 son las autoridades procesadas en la región norte del país, y los casos en Piura representan el 3.24% del porcentaje nacional. De los 236 casos denunciados a nivel regional, la mayor incidencia de corrupción registra el delito de colusión, con 127 casos, entendido como el mal ejercicio de la función pública para intervenir en cualquiera de las etapas de las modalidades de contratación o adquisición pública con el fin de defraudar al Estado; mientras que 29 casos de corrupción registra el delito de malversación, entendido como el delito cometido por las autoridades públicas que sustraen o consienten que terceros sustraigan cualidades o efectos públicos que tienen a su cargo. Así mismo, de los 236 casos denunciados, 206 son casos relacionados con contrataciones estatales.

El uso indebido del poder público del Estado se evidencia a nivel regional con mayor intensidad en las contrataciones estatales, las cuales forman parte de las políticas de Estado para el desarrollo nacional.  La corrupción pública regional involucra a ex gobernadores, gobernadores, ex alcaldes, alcaldes y agentes involucrados en la función pública. Ciudadanos, es el caso del ex gobernador regional Servando García Correa, que a la fecha viene siendo investigado por los delitos de peculado, colusión, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, también es el caso de Javier Atkins Lerggios, ex gobernador regional, denunciado por colusión agravada y peculado. Estos casos nos alertan que la demanda de corrupción emana de las altas esferas de administración pública regional, evidencian la falta de ética y política por parte de estos funcionarios, los más perjudicados son los ciudadanos, pues genera una desconfianza justificada sobre la gestión óptima de sus líderes.

En el 2017 Piura fue azotada por el fenómeno del Niño Costero que dejó en evidente precariedad la infraestructura pública: calles inundadas por el desborde del río Piura, huaicos y miles de casas destruidas fueron los resultados de esta catástrofe climatológica. Para poder resarcir el daño producido por este fenómeno se implementó la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARRC), con una inversión de S/ 2,166 millones, durante sus seis años de existencia 217 obras tienen graves problemas: 44 están paralizadas y 173 suspendidas, así como hay poco avance de la cartera de soluciones integrales y drenajes. En el 2023 el paradigma no ha cambiado, pues el ciclón Yaku vino a revelar la ineficiencia y corrupción de las autoridades que han pasado por los altos cargos públicos en la región y no han hecho labor preventiva para poder sobrellevar los desastres venideros.