¿Por qué el Estado debería tomar un rol más activo en la recuperación de los centros históricos?

Al caminar por cualquier centro histórico en Perú es evidente el gran peligro en el que se encuentran. Por un lado, se ven amenazados por intereses cortoplacistas, es común encontrar antiguas casonas tugurizadas, sin mantenimiento, y llenas de pequeños negocios. La adecuada conservación de estos inmuebles también peligra como consecuencia de las obras informales que se suelen hacer sobre ellos. Además, y de forma más grave, debido al mal estado de conservación de las construcciones históricas, los sismos que caracterizan al país prometen colapsar y enterrar a todos aquellos que se encuentren dentro, lo mismo se podría decir sobre los incendios. De continuar la situación actual, sin una intervención gubernamental activa a nivel nacional, posiblemente en los próximos 50 años, perderemos para siempre gran parte de nuestro patrimonio.

Ante la situación descrita, es imperativo que el Estado peruano tome seriamente en el corto plazo más cartas en la restauración de los centros históricos, es el único actor de nuestra sociedad que se encuentra en condición de salvarlos. Es deseable proteger este patrimonio por diversas razones. Primero, resulta digno de ser conservado en sí mismo por su valor cultural. A un nivel más utilitarista, de perder este patrimonio, también desperdiciaríamos importantes oportunidades para desarrollar la industria turística y la economía del país. Al mismo tiempo, una intervención estatal más seria podría ayudar a mejorar los servicios públicos en los centros históricos, y también, los estándares de vida de las poblaciones vulnerables que los habitan.   

Defiendo que la intervención estatal es la única forma de salvar los centros históricos porque contrariamente a lo que algunos podrían sostener, los mercados no han podido cambiar esta situación de deterioro, salvo con la excepción de algunas calles en distintos centros históricos y el caso de Cuzco. El marco jurídico, incluyendo la excesiva protección impuesta por el INC, hace oneroso cualquier emprendimiento en el rubro, salvo cuando las ganancias se presentan demasiado atractivas. Adicionalmente, no culpo a nadie por no querer invertir en lugares que resultan poco atractivos a primera vista. Ante su deterioro general, los centros históricos, con la excepción de sus principales calles comerciales, difícilmente podrían atraer clientes que hagan amortizables las inversiones que supone recuperar edificios históricos. Si el estado cambiase el marco jurídico e invirtiese directamente con más fuerza, la situación podría cambiar. Una inversión inicial podría hacer a los centro más atractivo y atraer a más personas e inversiones. Sin irnos muy lejos, miremos las historias de éxito de Salvador y Cartagena de Indias, donde la intervención estatal apoyada por la cooperación de organismo internacionales logró recuperar completamente los centros históricos y de forma sostenible.

Seguro en este punto, muchos se preguntan por qué el Estado debería intervenir. La respuesta radica en el beneficio que ello conlleva a toda la ciudadanía. Primero, los edificios históricos y las obras de arte que los acompañan tienen un valor en sí mismos, lo cual los hace merecedores de protección. Estos son el legado de los esfuerzos y voluntades de las generaciones pasadas, son una de sus pocas experiencias que podemos compartir, un vínculo que nos une. Además, el patrimonio resulta bello y permite una exquisita experiencia en los sentidos a todos. No es de extrañar que las ciudades históricas alrededor del globo sean destinos turísticos principales.  Por último, no creo que por nuestra incompetencia se deba privar a las generaciones futuras de este patrimonio y las experiencias que conocerlo implica.

A un nivel más utilitarista y menos metafísico, la intervención estatal es necesaria ya que la inversión y recuperación de los centros históricos podría fomentar el desarrollo económico del país. Antes de la covid-19 y la enorme inestabilidad política que hemos vivido en los últimos meses, Perú había tenido un notable crecimiento del número de los turistas, atraídos por Cuzco y sus maravillas, además de nuestra cultura y gastronomía, principalmente. Invertir en nuestro patrimonio, en una estrategia más amplia dentro del sector turístico, podría ayudar a reactivar el turismo y superar los niveles pre pandemia, eso traería como consecuencia a Perú un destino de primer nivel y creando numerosos empleos. Veamos nuevamente los casos de Cartagena de Indias y Bahía, donde una no menor parte de los turistas son atraídos por su exquisito patrimonio. También, el crecimiento del turismo podría incentivar una mayor inversión privada en el patrimonio y amortizar la inversión realizada por el estado.  

Llegado este momento, no es de extrañar, que muchos de ustedes pregunten ¿por qué invertir recursos públicos en los centros, cuando hay problemas y desafíos más severos en el país? Por ejemplo, todavía tenemos bolsones de pobreza, donde el sufrimiento humano no es menor, al igual que unos servicios estales de pésima calidad.

No obstante, esta cuestión resulta un falso dilema, ambas opciones no son excluyentes, por dos razones. Primero, el estado peruano no tiene la capacidad de acabar con los problemas más severos del país de una forma rápida y abrupta, la cual implique utilizar a la misma vez todos sus recursos, impidiendo que se realice una mayor intervención en los centros históricos. En consecuencia, sería posible, al mismo tiempo que se combaten los grandes problemas, crear entidades más eficaces que se encarguen de recuperar e invertir en los centros históricos. El accionar de PROLIMA es un ejemplo de lo que se podría conseguir. Similarmente, la experiencia de Quito, Cartagena y Bahía, a una mayor escala que el caso anterior, nos muestra como un estado con capacidades similares al peruano sí es capaz de recuperar centros históricos completamente.

Segundo, invertir en los centros históricos también es ayudar directamente a muchas  personas en situación de pobreza que viven en ellos, quienes carecen acceso a servicios públicos de calidad. Por ejemplo, en el Rímac abundan los tugurios y callejones, donde la población no tiene acceso completo al saneamiento y se expone a perder la vida en el próximo terremoto significativo.  La intervención estatal en los centros implicaría acabar con esta situación de limitaciones, además de ofrecer a todas estas personas más oportunidades laborales de mejor calidad. Lo mismo se podría decir sobre las numerosas instituciones educativas en estas áreas: mejorar su infraestructura ayudaría a la conversación de los centros históricos y al mismo tiempo a los estudiantes y su aprendizaje.

Por todas estas razones defiendo una mayor y urgente intervención del estado en la conservación de nuestros centros históricos. Este accionar resulta una carrera contra el tiempo, cuanto más demore, más se deteriorarán nuestros centros históricos.